Capital Social y Participación Ciudadana

Capital Social y Participación Ciudadana¨

Juan José Mora Cordero*
María Lourdes Villa Vargas**


RESUMEN
El trabajo original, del cual ahora se ofrece una breve separata, realiza una descripción teórica del marco ideológico, tanto desde la perspectiva de la Teoría de la Organización como desde el punto de vista Jurídico, del fenómeno de la Participación Ciudadana vinculada al proceso de contabilización del Capital Social.

En él se han descrito además un conjunto valiosísimo de metodologías que incluyen diseños de investigación concretos, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, así como instrumentos de medición a través de los cuales se obtuvo información de un caso concreto relacionado con el municipio del Cantón de San Isidro de Heredia, de la República de Costa Rica.

Los resultados finales de esta investigación se concretizan en la descripción del Perfil Integrado del Ciudadano y el Mapa de Actores Sociales del Cantón intervenido. Además se enlista un conjunto de Conclusiones, Lecciones Aprendidas y Recomendaciones que resultan importantes para ser consideradas con la intención de dinamizar la labor académica que posteriormente puede ser desarrollada a partir de esta primera investigación sobre el tema.

Esta es una investigación novedosa, que aborda dos ejes temáticos de la disciplina del Buen Gobierno Municipal, hasta ahora olvidados por la doctrina nacional y que son: Participación Ciudadana y Capital Social.


PRESENTACIÓN

La realidad geopolítica del mundo entero está en crisis. La percepción general que la gente tiene de sus gobernantes y de las estructuras de poder tradicionales está cada vez más comprometida. Por un lado observamos el crecimiento desmesurado de la mal llamada “Globalización de la Economía”. Por el otro lado, observamos el crecimiento de una perspectiva de desarrollo que promueve el traslado de las inversiones y del desarrollo general, desde la urbe centralizada, donde hasta hace unos pocos años era evidente encontrarla, hacia los poblados y las comunidades más pequeñas y desprotegidas del mundo entero. A este fenómeno se le ha denominado “desarrollo local” o “descentralización del poder”. Si a la dinámica de estos dos fenómenos agregamos el fuerte de que el Estado es corrupto, inútil, inefectivo, absurdo y mal habido por naturaleza, de modo tal que se le ha pedido, o mejor dicho, exigido al ciudadano que renuncie de la construcción ideológica del poder y que deje ese absurdo tema en manos de otros.

Tenemos entonces completo el escenario por el cual el ciudadano en el momento actual se siente desvalido e impotente ante la crisis geopolítica que enfrenta. Reacciona entonces de la única manera que puede: se abstiene de ejercer el control político, renuncia a exigir políticas públicas, se despreocupa de la calidad de sus líderes e ideólogos y más bien centra sus preocupaciones en el consumo masivo de productos y servicios, que precisamente lo aíslen de esa coyuntura tan desoladora, y en sobrevivir aislado de los demás, en un entorno que si acaso alcanza al de su familia más cercana. Por eso el ciudadano actual no responde a temas concretos del ser social que antes eran pan de cada día en su mesa. Creemos que ha llegado la hora de despojar a los sectores económicamente más consolidados, de la construcción del discurso político. Es hora de volver a tomar el control del poder político por parte del ciudadano y para ello primero es necesario comprender y construir el verdadero sentido de lo que queremos hacer y, en especial de cómo lo queremos hacer.

Es en este marco de acción que tiene sentido hablar del tema de la Participación Ciudadana en un momento como el actual. De hecho la única respuesta posible a la crisis es que el ciudadano pueda retomar, de verdad, la construcción del tipo de Estado que desea tener, en otras palabras, el tipo de ejercicio del poder político que tiene, debe y puede realizar con el fin de poder convertirse en actor y constructor de su propio destino. Es este el momento del ciudadano. Este es quien tiene en sus manos la posibilidad de construir un futuro acorde con sus propias necesidades. Por eso debe el ciudadano tomar control de su destino a través de la acción concretada en el ejercicio de sus responsabilidades políticas. Allí nace de nuevo la preocupación por el otro, y con ella se despierta el sentido de comunidad. Ahora somos importantes, como individuos y como comunidad, porque estamos conscientes de nuestra suerte y ayudamos a construirla. Tenemos la posibilidad de participar en su transformación integral y de allí surge nuestro valor ciudadano.

A. DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El abordaje que en América Latina se ha dado al tema de la Participación Ciudadana, como fenómeno sociopolítico, ha estado necesariamente vinculado, a la definición que desde las Ciencias Sociales también se ha logrado del tema de la Descentralización, como instrumento eminentemente jurídico y al tema del Desarrollo Local, como mecanismo eminentemente económico. Por ello, al tratar cualquiera de estos tres temas, resulta imprescindible tener que acudir a los otros dos, como referencia obligada, de lo que constituye sencillamente un conjunto de tres aristas apenas distintas de un mismo fenómeno.

A las comunidades de los países pobres, así como de los que tienen alguna alternativa de crecimiento todavía, les queda por resolver una disyuntiva, frente a esta propuesta de descentralización del poder:

Por un lado se apuntan a las voces de auto flagelo que proponen la muerte del Estado – Nación, sin un adecuado paradigma de construcción de la perspectiva local. Así se entronizan en las nuevas corrientes de percepción de lo institucional – local, que promueven nuevas técnicas de control interno (prevalecientes en lo cuantitativo), ajustes en los programas de rendición de cuentas (que promueven decir lo que se quiere que se diga), una estratificación de la cultura de participación ciudadana controlada (a cuenta, sobre todo, de unos pocos debidamente aleccionados), insistentes y agresivos programas de desregularización y de reingeniería organizacional (que fomentan la eliminación de trámites para la consolidación de capitales) y sobre todo, con un carácter meramente exógeno (si se quiere con un modelo impuesto desde los organismos financieros internacionales y sus correspondientes agencias de cooperación).

O por el contrario, aprovechan este oleaje de recursos y de procesos de fomento a lo local y construyen una nueva visión del desarrollo propuesta desde su propia cosmovisión, que ahora sí: incorpore nuevas medidas de análisis de lo que se quiere hacer, a través de Programas de Reflexión Estratégica, por ejemplo; que incorpore además una nueva visión del territorio, que permita el Ejercicio de Pensar el Territorio y desarrollar sus voluntades, sus vocaciones históricas-naturales-prospectivas; que incorpore una identificación, contabilización y calificación del capital humano, por ejemplo, a través del Mapeo de Actores Sociales; que incorpore procesos de regularización propios que permitan el control interno institucional, por ejemplo, a través de Procesos de Normalización y Fomento de las Organizaciones; pero ahora sí, desde una perspectiva endógena, que construya algo nuevo, pero sobre todo, algo propio y, por lo tanto, mejor para los intereses de la comunidad a la que sirve.

Estas dos corrientes de pensamiento representan polos opuestos de una visión de lo local, que indudablemente llevarán a la concreción de resultados distintos: En el primer caso, lo que se busca es la expansión de voraces capitales que, sin sentido humano y sin importar a quiénes se afecte de manera negativa, proponen la legitimación de nuevos territorios para desarrollar, construir y expandir sus intereses económicos y de poder. En el segundo caso, estamos asistiendo a una nueva lectura de fomento a lo local, que propone devolver la comunidad a las personas y construir una visión endógena de desarrollo, prospectiva y multifinalitaria, en donde quepan tantos los intereses como el capital humano y social que haya podido ser identificado. Independientemente de la denominación que se asuma, queda claro, eso sí, que es en el marco de estos dos paradigmas en los que se ha desarrollado un cúmulo de propuestas ideológicas, que se ha intentado explicar el fenómeno de la descentralización en el mundo entero.

El tema de la descentralización se relaciona con el de la participación ciudadana al menos en los siguientes dos ejes específicos: Por un lado, como forma de producción de políticas públicas que sean realmente descentralizadas (hablamos de: educación, salud, infancia, desarrollo, vivienda, etc.), y que conlleven, necesariamente, la incorporación de las variables del territorio que se administra, del capital social con que se cuenta y del proyecto político que se quiere desarrollar, y por otro lado, como forma de generación del diseño institucional del modelo de Estado que se quiere.

Cualquier otra forma de desarrollo local que involucre un proyecto de descentralización y un modelo de participación ciudadana, sólo resultan ser más de lo que Latinoamérica, y Costa Rica con ella, muestran al mundo en este momento: esfuerzos de descentralización meramente formales que tan sólo transfieren responsabilidades a los municipios (agobiados con las propias, por ejemplo), sin los recursos necesarios para cumplirlas. Esto es lo que se ha dado en llamar la “trampa descentralizadora” o la “esquizofrenia de la descentralización” o, peor aún, como lo llamó la prensa argentina hace unos años “la municipalización por defecto”.



B. DEMOCRACIA, DESARROLLO LOCAL y DESCENTRALIZACIÓN


Estos parecieran ser los nuevos tres ejes para abordar el tema del Derecho Político en la actualidad. Abordar el tema de la construcción teórica de un nuevo modelo de la Democracia en nuestro entorno, nos enfrenta necesariamente con dos posiciones dentro del paradigma postmodernista y que están evidentemente encontradas y que además han perfilado dos tipos de “ciudadano” que, en la construcción de esa opción de participación ciudadana, se comporta de manera distinta de acuerdo con su propia percepción de la realidad:

Por un lado nos encontramos con el más puro resultado de la cosmovisión neoliberal. Es lo que algunos autores[1] han denominado como el prototipo del “ciudadano k” o “ciudadano postmoderno”. Este se caracteriza porque desde su escala de poder está mucho más interesado por la Economía que por la Política. De hecho abrazó, aunque fuere inconscientemente, primero la posición del liberalismo económico y después el político. Sus preocupaciones giran en torno de su vida privada, de la satisfacción de sus necesidades y de sus negocios. Si se le ve involucrado en la vida pública o con órganos o entes del sector público lo es de manera confrontativa, apelando a la lesión constante que se le provoca a sus intereses, a su entorno de trabajo y de satisfacción de requerimientos mínimos, como lo son un territorio, un capital y un trabajo. Antepone a cualquier otro valor la individualidad, la libertad y la independencia. Por ello se inclina por un estado débil, que en ningún momento pueda limitar su iniciativa, su actividad económica y productiva. Sin embargo, si requiere de un Estado utilitarista, que sirva a sus intereses inmediatos como lo son la seguridad, el equilibrio financiero y actividades en las que no se quiere involucrar tales como: el transporte, la gestión pública y la prestación de algunos servicios públicos. Su desprecio por la política recrudece en la medida en que el Estado acude a mecanismos de represión en contra de sus intereses tal y como ellos los perciben. Se desprecia así la utilidad social la cual no se percibe aún cuando los beneficios le son propios. No cree en la organización y cuando la practica lo hace de manera esporádica, interrumpida y específica.
Por el otro lado se habla del “ciudadano p” el cual es producto precisamente de la presión que ejercen el ciudadano k de un lado y el Estado por el otro. Se caracteriza porque sus recursos son siempre limitados desde todo punto de vista. Muchas de sus acciones son reactivas al entorno social que lo rodea. Posee intentos de organización en formas asociativas y movimientos populistas que se caracterizan por poseer múltiples propósitos, por estar siempre de espalda (o más bien de frente) al Estado, y con presencia de embriones de partidos políticos o de formas de organización gremial como sindicatos, grupos de presión, cámaras o estudiantes que los direccionan. Eligen presentarse como “apolíticos” de primera entrada, pero, rápidamente sucumben a las formas tradicionales de hacer política que se reconocen en el entorno social específico. Terminan como anémonas de éstos o como alas extremistas de los partidos políticos tradicionales. Sus consignas son “vecinalistas”, “localistas” o “regionalistas” en fin chovinistas y normalmente terminan confundiéndose con lo que los franceses denominan démocratie de la rue. Muchas veces apropiándose de discursos técnicos y participativos muy modernos pero que no ofrecen mayor horizonte que el de su propia afirmación. Casi nunca cuentan con apoyo consistente y continuo. Sucumben con mucha frecuencia al clientelismo político electoral.

Es en el marco de estos dos tipos de ciudadanía, que, eventualmente deben encontrar sentido estas formas de organización social, con el fin de garantizar la reforma política que se impone con clara orientación hacia el ciudadano. Pero, igualmente, es desde estas dos perspectivas de comprensión del ciudadano moderno, que se logra una explicación del por qué hemos sido convocados a un continuo fracaso de las formas más incipientes de organización ciudadana en nuestros países y del por qué también, muchas de estas formas de organización han sido tan sólo incipientes y no han podido avanzar con el paso del tiempo.

Ahora bien, el surgimiento de una contracultura fundada en “la Solidaridad” como figura social de la reciprocidad originaria, que constituye toda posibilidad de reconocimiento y entendimiento mutuo, se fortalece gracias a la comunicación cotidiana y se realiza a partir de ella como democracia participativa. Así, si los procesos de modernización de la Economía y del Estado que hasta ahora se han dado, amenazan con reducir la Modernidad a una mera racionalidad instrumental y formal, es porque es de la naturaleza del dinero y de la administración del capital el desarrollarse funcional y sistemáticamente.

Por ello, más bien la democracia que se busca propone, como lo ha predicho Jürgen Habermas[2], además del desarrollo de su economía y de la eficacia de la administración, de la solidaridad entre sus miembros y hacia fuera, no sólo como fuente de legitimación de un determinado sistema de gobierno, sino sobre todo como fuerza renovadora del sentido humano de la sociedad en sí misma. En palabras de Octavio Paz: “El Estado es un mecanismo eficaz pero, como todos los mecanismos, ni tiene conciencia ni tampoco misericordia. Hay que encontrar la manera de insertarlo en la sociedad para que sea la expresión del pacto social y un instrumento de justicia y equidad.”[3]

La más importante enseñanza que se ha dado en las postrimerías del siglo veinte la están produciendo los centenares de ciudadanos autónomos, responsables y solidarios, pues, es a partir de esta responsabilidad y, sobre todo, de esta solidaridad, que se pide a gritos por una nueva ética en las relaciones humanas en general que impregne el conjunto de los diferentes roles sociales. El resultado esperable de esta acción colectiva es una creciente reciprocidad y, para que esta reciprocidad sea posible, es necesario que podamos superar esa connotación que se ha perfilado del Estado - Negocio y podamos avanzar hacia una perspectiva de Estado - Poder, cuya fortaleza ya no puede recaer más sobre el militarismo o la represión, sino sobre la acción conjunta de los ciudadanos solidarios, responsables y participativos, que permitan asegurar la justicia y la equidad en la toma de decisiones (y en las decisiones mismas como producto de la acción de tomarlas) que construya, además un nuevo diálogo que permita la posibilidad del consenso acerca de mínimos posibles, viables y, sobre todo, universales.

Por ello, la descentralización y consecuentemente el desarrollo local, como fenómenos políticos que pudieran proponerse como alternativas en el nuevo pacto social que se quiere desarrollar, no pueden ser fines en sí mismos. La descentralización y el desarrollo local como valores, como principios tendenciales que perfilan una determinada manera de hacer las cosas, no pueden darse al margen de los procesos de concertación social y por lo tanto tienen como una exigencia ineludible a la legitimidad.

De esta manera, al determinar la verdadera esencia del Estado Moderno, se hace necesario valorar evidentemente la necesidad de considerar además del aspecto jurídico formal, también el aspecto sustancial o sociológico-organizacional que conlleva la determinación e identificación de las formas de distribución del poder, en el ámbito de la comunidad, adoptando una concepción orgánica del Estado que valorice y capitalice las formas de organización comunitaria del capital social y que, evidentemente están destinadas a desarrollar y ampliar los intereses de los individuos.

Los ordenamientos jurídicos del pasado, basados en la ficción irrealizable de que el pueblo y la comunidad estaban unidos en torno a intereses únicamente generales e indiferenciables y, por eso mismo, clavados sobre el aparato del Estado-Nación que le daban sustento y perpetuación al mismo, son ahora sustituidos por ordenamientos en los que a los intereses nacionales y generales se enfrentan (y no con poca fuerza hay que agregar) a una serie de intereses propios de comunidades menores (regiones, comunas, provincias, municipios), para el logro de los cuales se han venido estableciendo estructuras de poder autónomas en relación con el propio Estado-Nación.

Se ha venido afirmando, por ejemplo, que estas nuevas formas de administración descentralizada, han dado pie a una nueva forma de organización económica del desarrollo, con una perspectiva más “glocal” y territorial centrada en la comuna y no en el hábitat nacional. A la vez son ambas el medio jurídico y el mecanismo económico de afirmación, sustentación del pluralismo y de la participación activa que surgen como los nuevos centros de poder político. Ahora bien, si ya sabemos que hay una respuesta jurídica (descentralización administrativa) a un fenómeno eminentemente político social (participación ciudadana), que a la vez, responde a un fenómeno de naturaleza meramente económica (desarrollo glocal), queda por plantearse una pregunta dentro del discurso políticamente incorrecto, que llevamos formulado hasta ahora y es acerca de cuál es el grado de descentralización que puede esperarse de una propuesta de desarrollo glocal emanada de un estado con un enfoque neoliberal, en el marco de la Región latinoamericana?

Un primer acercamiento nos debe llevar a afirmar que el neoliberalismo ha significado en Latino América una experiencia catastrófica, que se traduce en un aumento desmesurado de la pobreza extrema y de la pobreza absoluta de sus vastas mayorías, así como el languidecimiento de sus modelos productivos nacionales, lo que ha provocado que la brecha del subdesarrollo se haga cada vez más abismal. Por eso, el discurso técnico jurídico de la descentralización está agotado en sí mismo, y los esfuerzos de los expertos para tratar de sistematizarlo, no son para nuestro entender más que una ingenua ilusión sin contenido real. Por ello es que el futuro de la descentralización está profundamente vinculado a la crítica audaz y la consecuente superación del axioma neoliberal. En el marco del neoliberalismo, la descentralización como un componente jurídico de una nueva forma de poder comunal, no tiene sentido alguno y no puede ni debe ser defendido.
En efecto, al hablar e impulsar el modelo de participación ciudadana, nos proponemos no sólo mejorar la gestión de lo existente en el plano público, sino la creación de nuevas formas democráticas de convivencia y desarrollo social, es imprescindible plantearnos la descentralización como un proceso necesariamente acompañado de movilización del capital social o sea de la ciudadanía. Esto es crucial: para que la descentralización recupere los “lugares vivos”, como les llama Fernando Savater[4], y así florezcan formas alternativas instituyentes, es preciso construir ciudadanías y formas de nuevos bloques sociales de apoyo al capital social emergente.

La construcción de esta “ciudadanía popular” verdaderamente participativa, no es otra cosa que la formación de verdaderos bloques sociales de poder, que puedan trascender una concepción sociopolítica meramente partidista. No significa esto que no puedan pertenecer a un determinado partido ideológico, sino que puedan trascender esas esferas de acción en los aspectos realmente medulares de las decisiones, y de la definición de las políticas públicas. Es entonces en los nuevos y emergentes “centros cívicos”, “comités comunales de trabajo”, “equipos de apoyo”, en los que resurgirán entonces las nuevas escuelas de democracia que sean pluralistas y no partidistas, descentralizadas pero no localistas, enfocadas en lo concreto pero no aisladas del contexto general, prudentes, universales, justas, retributivas, equitativas y sobre todo, honestas. Sin un encuentro íntimo y auténtico entre las personas de una comunidad participativa, sin la formación de comunidades pequeñas que creen y sustenten nuevos valores, y sin redes de ciudadanos interactuando en estos conglomerados de comunión social, todo intento de descentralización es tan sólo un movimiento de corteza pero sin profundidad alguna.

Dos son los pasos que merecen destacarse en esta ruta crítica; por un lado la importancia definitiva de la militancia voluntaria y el compromiso personal de todos y cada uno de los ciudadanos de romper el esquema individualista y avanzar hacia la propuesta solidaria de comunidad y por otro lado, el paso de la creación del sentido de pertenencia a una lógica de participación, en las distintas formaciones colectivas que formule el capital social con que se cuenta. Es una exigencia obligada del Estado Moderno que se pretende desarrollar, comprender que sus instituciones son impotentes si actúan aisladas de la ciudadanía y de las comunidades. De hecho, sin el concurso, de “muchas militancias voluntarias” estimuladas para la búsqueda y el encuentro, no será posible construir los bloques sociales que respalden las transformaciones necesarias.

La idea es poder pasar a un modelo de participación abierta y flexible, que permita realmente un cambio que se gestaría a todo nivel, pero estando siempre claros, iniciando desde el plano personal hasta el social, después de todo no hay entorno social posible sin el entorno individual previo y perentorio.

C. LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO

Identificar el capital social es tan solo un instrumento de estrategia organizacional que no tiene absolutamente ningún valor en sí mismo. Su uso es el que lo legitima a efectos de lograr el ejercicio del poder político. La contabilización del capital social tiene como propuesta esencial, servir de mecanismo para la identificación de los actores sociales que conviven en el escenario que se pretende intervenir. Pero se les identifica con algún propósito. De otra manera, se convierte en un instrumento que se agota en sí mismo, y que no tiene sentido para nada más. Nuestra propuesta es que la contabilización del capital social en el escenario del municipio costarricense pueda ser utilizada por los actores sociales, como un instrumento para el desarrollo y para la definición de políticas públicas que promuevan el bienestar social.

Existen dos formas de hacer el inventario del capital social: la primera tiene un sentido eminentemente longitudinal, consiste en la simple identificación y consecuentemente en el inventario de los actores sociales. Este instrumento es útil pero no es suficiente para el propósito encomendado. La segunda forma de inventariar el capital social tiene una orientación eminentemente transversal y, consiste en la elaboración de un mapa que ya no solo cuente a los actores sociales sino que los ubique en el escenario de participación política en el que deben participar. Los mapas nos dicen dónde nos hallamos. Nos ayudan a descifrar la ubicación actual de aquello que nos puede causar peligro o que nos puede facilitar el camino. Nos ayudan, también, a recordar y recorrer con la memoria y el análisis, el camino que ya hemos transitado y además nos permiten planificar y desarrollar nuevas rutas hacia las cuales dirigirnos.

Las Municipalidades actualmente en Costa Rica son detentadoras de la función de gestión y administración de un determinado territorio: para el caso de Costa Rica sabemos que este territorio lo conforma un cantón. En este territorio conviven muchos agentes o actores sociales que, en sus determinados roles en la actuación social propulsan ideas o las combaten, conforme a sus intereses y casi siempre (por no decir siempre) que estos actores no están adecuadamente identificados, va a ser más difícil o imposible transitar o desarrollar proyectos en ese determinado territorio, pues no sabremos nunca a qué atenernos y con quién o con qué nos vamos a encontrar.

El Mapeo de Actores Sociales o también conocido como Mapeo del Capital Social (MCS) de una determinada comunidad, llámese cantón en nuestro caso concreto, es una herramienta que presupone una metodología para crear mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación, que permitan a las organizaciones interactuantes en ese determinado entorno documentar procesos, aprender de ellos y rendir cuentas de sus logros.

Está diseñado para ayudar a comprender los resultados de una determinada organización de factores humanos, interactuando en un determinado territorio. Las innovaciones resultantes de un MCS proveen formas y procesos seguros de vencer (o al menos combatir) algunos de los obstáculos del aprendizaje, a que los evaluadores y socios tienen que enfrentarse a la hora de administrar un determinado territorio y proponer, respecto de él, programas, planes y proyectos. En cuanto a las maneras de atribuir y medir los resultados que se producen en el término de un determinado proceso de MCS, es claro que, rápidamente, se logran con este instrumento transformaciones que se observan de inmediato en el modo de actuar de los sujetos que participan en el proceso. Por eso el MCS debe hacerse en el lugar que se quiere intervenir y con los sujetos que interactúan en ese mismo escenario.

Los autores Ganeva y Marín en su obra “Capacidad de Negociación en el Sector Salud”, señalan del mapeo del Capital Social que: “Antes de explicar la metodología para la elaboración de mapas políticos[5], es importante aclarar que se trata sólo de un instrumento que no sustituye un buen análisis político y su utilidad dependerá de quién lo maneja. Además, al igual que una fotografía, es una interpretación de un solo momento particular del proceso político de negociación, que es una realidad dinámica y cambiante, por lo cual sería necesario elaborar nuevos mapas en el momento preciso de definir expectativas y recursos de los actores interesados en el objeto de la negociación.”[6]
Este instrumento no es una panacea. De hecho, hay que tener muy claro que uno de sus principales defectos es que rápidamente se desactualiza en entornos muy conflictivos o cambiantes políticamente, por lo que su labor de contextualización y mejoramiento debe ser constante.

Al igual que un mapa geográfico, un Mapa de Actores Sociales se construye a partir de dos dimensiones. Una dimensión es horizontal (de latitud) y la otra vertical (de longitud). Hay una tercera forma de evaluación que es a partir de las posiciones de los actores en el proceso.

La Dimensión Horizontal se refiere a dos sectores de oposición y un sector de apoyo. La razón para dicotomizar o polarizar el mapa es la de distinguir los que tienen mucho o poco en común, de los que difieren sustancialmente de las orientaciones políticas, filosóficas, ideológicas o axiológicas (de valores) de aquel que está realizando la evaluación, que por lo general lo ubicamos en el eje central del mapa. La idea es poder visualizar cuánto se acerca o se aleja una posición de un actor identificado, con respecto de la posición central o sujeta a evaluación. En la posición más central del mapa se ubica a los grupos que se identifican y apoyan al actor principal, como foco de toma de decisiones sobre los recursos de que dispone el conjunto social que se analiza.

La Dimensión Vertical del mapa implica organizar a los actores en cuatro grupos: a) Actores externos b) Grupos sociales, c) Grupos políticos y d) Grupos de presión, tanto formales como informales. Cada uno de estos grupos pretende influenciar los resultados de un determinado proceso político o de toma de decisión, y ello dependerá siempre de sus intereses. Para eso emplea distintas estrategias. Cada uno de estos grupos tiene pertinencia particular en el escenario político que se evalúa, y además esa pertinencia cambia en razón de que estos actores tienden a movilizarse, desempeñando papeles distintos de acuerdo con los procesos y, buscando siempre distintos objetivos, pero siempre reconociendo que su interés primordial es influenciar el pensamiento y resultado político que el otro pretende.
La Evaluación de las Posiciones hace caer en la posibilidad de cuatro categorías de análisis: el apoyo central, el apoyo ideológico, la oposición legal y la oposición antisistema.

Este ejercicio de “mapeo” como vemos, no es otra cosa más que la ubicación de uno u otro actor en un determinado escenario de análisis. Acá “mapear” es ubicar o colocar a alguien en una u otra posición de acuerdo con los criterios ya preestablecidos atrás. Este ejercicio entonces es útil para saber dónde está cada quien y con ello poder negociar, actuar, decidir, proponer, retirar, solventar, aunar o dividir esfuerzos. Todos ellos son actos políticos propios de los ejercicios de administrar y desarrollar los intereses locales visibles en un determinado territorio.

D. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN MATERIA MUNICIPAL

El Estado costarricense está conformado en la actualidad, a partir de tres estructuras formales de estratificación geopolítica de las cuales solamente dos tienen realmente sentido en la práctica. La primera estructura formal, lógicamente, está constituida por el Estado-Nación; esto consolida indudablemente la conformación de la República y le da un sentido de soberanía al territorio nacional. Este es uno solo y tiene lógicamente como característica esencial su indivisibilidad. La segunda de las estructuras territoriales es la provincia. Ésta sólo tiene sentido en la actualidad en razón de que existe una norma constitucional (Art. 168) que la define. Sin embargo, como tal, no tiene ningún sentido pragmático en términos de su operación, ya que no hay una sola institución del país (formal e informal) que constituya su base de acción en el escenario provincial. Consecuentemente, la tercera forma de organización territorial de Costa Rica, que para nuestro caso es el cantón, y en el cual, se asientan las municipalidades como entes territoriales y autónomos, viene a constituirse entonces realmente en el segundo plano de concreción del ejercicio del poder político.

Así las cosas, en Costa Rica aquél que quiera hacer una definición de la estrategia política e ideológica, deberá considerar que los únicos ámbitos en los que podrá desarrollarse serán el Estado-Nación como un todo o, al menos, el municipio como forma de organización en la que se asienta el gobierno local. Si entendemos que el concepto de Estado-Nación es antitético del fenómeno de participación ciudadana, entonces, al hablar de esta última reluce con una importancia inmejorable el territorio que abarcan los municipios. Si la acción comunitaria es posible en nuestro país, debe empezar a organizarse en el ámbito del cantón, en donde está asentada la forma de gobierno más antigua y originaria de nuestro país: la Municipalidad.

Por eso interesa examinar y analizar de manera general, los impactos que puede producir el mapeo del capital social en los gobiernos locales, con el fin de fortalecer el tejido social, al adquirir las comunidades, la capacidad en el conocimiento de sus problemas, sus soluciones y la búsqueda del reconocimiento de parte del Municipio, la capacidad de concertar, negociar y defender sus derechos, configurando nuevos liderazgos y actores que se involucren en las decisiones públicas, logrando que los procesos propuestos de empoderamiento, educación y cultura ciudadana, correspondan en la práctica con lo alcanzado, especialmente en términos de la toma de decisiones, liderando los cambios en su entorno, en la formulación de política pública y en la inclusión de los actores sociales en la gestión pública local. La comunidad organizada asume la continuidad del proceso.

El mapeo del capital social, como un instrumento de participación y herramienta vital de la planeación local, es un factor de modernización y mejoramiento de la gestión pública en general, al hacerla más eficiente y eficaz, propiciando un mayor acercamiento entre el gobierno local y la sociedad, aumentando la credibilidad y su legitimidad política y social, y posibilitando la organización y la participación ciudadana en mayor o menor grado.
Todo esto conlleva el mejoramiento de la gestión pública, ya que al aumentar la comunidad el nivel de credibilidad en las acciones desarrolladas y sentirse copartícipe de los resultados, ser escuchado y tenido en cuenta, independientemente del grado de intervención en las decisiones, es en algunas ocasiones, suficiente para avalar las acciones de las diferentes autoridades, implantando una nueva cultura ciudadana para la democracia, afianzando un conjunto de valores y de principios en la ciudadanía.

Al participar en la solución de sus problemas y el planteamiento de sus políticas y proyectos, la ciudadanía se empodera, posibilitando que las comunidades se organicen y demanden de la administración pública local, resultados efectivos y concretos por diversas vías (a veces, a través de la presión ciudadana), permitiendo que los ciudadanos y sus organizaciones se sientan también responsables de los logros de la administración y, se involucren activamente en sus programas o proyectos. Logrando cambios en la gestión, que optimizarán los recursos, y redefinirán las apuestas estratégicas, para solucionar los problemas más álgidos de los territorios a los que pertenecen, en los que viven y participan.


REFLEXIONES CONCLUSIVAS

El abordaje del fenómeno político de la Participación Ciudadana, no es posible plantearlo sin haber previamente hecho un inventario del Capital Social involucrado. Ambas resultan ser dos aristas de un mismo fenómeno, y de allí la importancia de formular el enlace de estas dos variables.

La definición del fenómeno de participación desde el ciudadano, es una tarea pendiente, y creemos que solo puede ser posible cuando se haya finalizado al menos el inventario de una porción realmente representativa de los actores sociales que han venido utilizándola, para poder construir ésta definición, no en torno a ellos, sino con ellos. De esta manera, se logrará una definición con un claro contenido histórico y social, que ya no solo involucre lo que quién intenta definir cree que sucede, sino lo que, quienes usan de este fenómeno, describen que sucede. Es a partir de allí que es viable una definición jurídica del fenómeno de participación ciudadana, que podría entonces terminar siendo traducida en una definición normativa, con un fin eminentemente utilitario.

Nuestra investigación pasó de la construcción teórica de un fenómeno olvidado, y desahuciado por la clase política de este país, al ejercicio práctico de una experiencia en la comunidad de San Isidro de Heredia y se puso en práctica lo que se había previsto ideológicamente. Para ello, fue necesario desarrollar metodologías e instrumentos de trabajo, que no sólo se sabían inexistentes, sino que además se creían imposibles de lograr.
Ahora decimos, con satisfacción, que no sólo hay instrumentos para ser utilizados en esta materia, sino que se construyó la metodología para el mapeo del capital social, así como teoría novedosa en el tema en nuestra realidad latinoamericana, con el fin de medir dicho capital, fortalecer la participación ciudadana y finalmente potenciar el desarrollo local.

Este esfuerzo provino del sector público de este país, que como tal, ha dado un aporte, que es de todos y para todos, y que, igualmente, requerimos empiece a ser utilizado por los gobiernos locales sin reserva alguna.

REFERENCIAS Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS

¨ El presente artículo es una muy breve separata surgida del Trabajo Final de Graduación denominado: “Capital Social y Participación Ciudadana” presentada por sus autores: Juan José Mora Cordero, María Lourdes Villa Vargas, María Isabel Sáenz Soto y Rolando Segura Ramírez en el marco del Programa de Maestría Profesional en Administración y Derecho Municipal. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. en el 2006.
* El autor es Abogado, Magíster en Administración y Derecho Municipal de la UCR, Máster en Administración de Empresas del ITCR y entre otros cargos es profesor universitario y actualmente es Coordinador del Proceso de Asesoría en Servicios Técnicos de la Municipalidad de Pérez Zeledón.
** La autora es Abogada y Notaria Pública, Especialista en Derecho Público de la UCR y Magíster en Administración y Derecho Municipal de la UCR, profesora universitaria, ex funcionaria municipal y actualmente consultora privada en temas municipales.

[1] Ver entre otros a: SECO (Martín). La Farsa Neoliberal. Editorial Siglo XXI. México, México. 2000. También confrontar con HINKELAMMERT (Frank J.). El sujeto y La Ley. Editorial EUNA. San José. Costa Rica. Primera Edición. 2003.
[2] HABERMAS (Jürgen). Teoría de la Acción Participativa. Editorial Tecnos. Barcelona, España. Edición Revisada. 2004. P. 204.
[3] PAZ (Octavio). Discurso de Aceptación del Premio Príncipe de Asturias. Madrid, España. 2000. P. 4.
[4] Según Fernando Savater uno de los peores efectos de la centralización estatal del poder es la pérdida de los “lugares vivos” en medio de una absurda abstracción generalizada que se torna insípida. SAVATER (Fernando). “Vuelta a los lugares vivos”. En Periódico: La Nación. Buenos Aires. Argentina. Domingo 05 de Junio de 2005. Suplemento Dominical.
[5] Los autores hablan de mapas políticos para hacer referencia al mismo instrumento de MCS del que nosotros tratamos acá. Procúrese no llevar a confusiones por la variedad terminológica
[6] GANEVA (Iveta) y MARIN (José María). Capacidad de Negociación en el Sector Salud. OPS. Segunda Edición. Guatemala, Guatemala. 1994. Pág. 89.